Reportaje: Una sanidad en la UCI
Cataluña lleva más de medio año recortando en sanidad para ahorrar, puesto que el modelo que actualmente está implantado ha dado números rojos en las arcas de la Generalitat. Se trata de un gasto que Artur Mas ha decidido frenar con unas medidas difíciles de digerir para el personal que trabaja en la medicina
MARÍA TERESA MUÑOZ|MADRID
Artur Mas, presidente de la Generalitat, y Boi Ruiz, consejero de sanidad en Cataluña
El sistema sanitario catalán se resiente cada vez más. El gasto que conlleva este modelo se ha convertido en una enfermedad crónica, que se está tratando con fuertes dosis de ahorro, que además no cesan. Había que elegir entre la cura dolorosa o la muerte, entre la reorganización del gasto o la quiebra, para salvar
un sistema calificado de “insostenible”.
Esa ha sido una de las decisiones más polémicas que ha tenido que tomar Artur Mas, presidente de la Generalitat catalana desde noviembre de 2010. La reorganización del gasto, nombre que le ha dado a lo que la mayoría llaman “recortes” o el “tijeretazo”, ha puesto en pie de guerra a los trabajadores de la medicina, a los sindicatos, a los partidos de la oposición y a muchos ciudadanos que se ven directamente afectados.
Los recortes son el fruto de una cifra que obsesiona al ejecutivo: el ahorro de unos mil millones de euros en este sector para finales de año. Con este objetivo, se programaron dos fases de reducción del gasto: una en marzo y otra en octubre, esta última la más drástica.
Artur Mas en el Parlamento catalán
La primera dejó un panorama dramático: se paralizó la construcción de hospitales, la lista de espera desplazó su límite de seis a ocho meses para aquellas operaciones no urgentes, recortes en el sueldo de los profesionales sanitarios que oscilan entre el 8% y el 20%, ahorro en luz, agua, calefacción, material quirúrgico, se suprime parte de la atención sanitaria en periodos vacacionales como Semana Santa o verano, y también se suprimen plantas en hospitales y empleos. Estas medidas provocaron la movilización del personal afectado, que en una de sus protestas paralizó el tráfico, y muchos de esos conductores atrapados se solidarizaron con los huelguistas, pero el gobierno catalán permanece inmutable advirtiendo que cualquier protesta “no servirá de nada”.
En la segunda fase, que se está aplicando ahora, continúan muchas de las medidas de la anterior y otras más duras como la reducción de médicos de guardia que afectará al servicio de urgencias, el cuál en muchos hospitales ya se está prestando por teléfono para ahorrar en mantenimiento de centros. Unos 22 ambulatorios ya están cerrados, se ha reducido un 2% la tarifa pagada a los centros por prestar servicios, cierre de algunos quirófanos o la reducción de la paga de Navidad a la mitad. En muchos hospitales ya se “autorrecortan” para evitar los ERE, de hecho, un total de 182 médicos jefes han firmado un acuerdo para que no se lleven a cabo recortes tan drásticos en aras de buscar una solución más pacífica. Las protestas continúan, a pesar de que no se tengan en cuenta, como la que protagonizaron centenares de sanitarios ante el Instituto Catalán de Salud (ICS).
Manifestación del cuerpo sanitario del Hospital Vall D'Hebrón
El caso de Carmen Mesa, de 65 años, que ha acaparado la atención de los medios, demuestra hasta qué punto pueden llegar a afectar los recortes a la ciudadanía. Falleció seis días después de ser operada de un derrame cerebral, habiendo pasado previamente por cuatro hospitales en 65 horas. En uno de esos cuatro, el hospital Vall D’Hebrón, le comunicaron que no podían atenderla porque no disponían de quirófano en todo el día, según afirma un familiar de Carmen, porque el centro se encontraba en fase de reordenación de los servicios, impuesta por la Consejería de Salud. Los familiares de la fallecida se han querellado contra el gerente de dicho hospital y el jefe de servicio de neurocirugía, acusados de un delito contra los derechos individuales por no garantizar la atención sanitaria a la que están obligados.
Desde el gobierno, Artur Mas afirmó que los recortes no afectarían a la calidad del servicio ofrecido, y el consejero de sanidad, Boi Ruiz, declaró en el programa 59 segundos en Cataluña: “No hemos cerrado servicios, hemos cambiado la forma de gestionarlos”. Los sindicatos advierten que si continúan las medidas, la sanidad se colapsará, porque en atención primaria, las listas sobrepasan las dos semanas, y en oncología, los dos meses. Asimismo, no creen en un pacto con la Generalitat porque ya se han perdido unos 2.000 puestos de trabajo entre interinos y eventuales, y nadie garantiza que esta situación no se repita o que no se vuelva a rebajar el sueldo a los que ya se lo han reducido. Parece que ningún motivo hará cambiar de opinión al ejecutivo. Un sistema considerado insostenible se está tratando con unas medidas que también aparentan serlo, ya que están generando mucha polémica. Lo que muchos se plantean es si era necesario reducir el gasto en sanidad de esa manera, habiendo otros ámbitos de los que se puede recortar y que no afectarían a la ciudadanía de una manera tan dramática. Mientras el resto de España sigue pendiente del ritmo de la economía y de los primeros pasos de Rajoy, en Cataluña, la preocupación está en los pasillos de los hospitales.
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