José Blanco, en el punto de mira
en plena campaña electoral
El portavoz del Gobierno y candidato por el PSOE a la circunscripción de Lugo, José Blanco, ha pedido que se le permita personarse en el Tribunal Supremo para conocer más datos acerca de su acusación en la operación Campeón, y poder defenderse. La trama de supuestas subvenciones ilegales está siendo investigada por la jueza Estela San José, quien ha decidido elevar el caso al Tribunal Supremo sin consultar previamente con la Fiscalía
MARÍA TERESA MUÑOZ|MADRID
Al PSOE se le complica aún más el panorama de cara al 20N. Su portavoz, José Blanco, es noticia desde que saltara a la luz pública en mayo de 2011 la operación Campeón. Se trata de una trama de corrupción en la que varias empresas, siendo las cabecillas Nupel del sector farmacéutico y Proitec de gestión empresarial, percibían subvenciones ilegalmente del Instituto Galego de Promoción Económica (IGalPE).
Entre los 15 detenidos, figuraba Jorge Dorribo, propietario de Nupel y cabecilla de la trama,
quien acusó a José Blanco de pagar 200.000€ a un primo político suyo, Manuel Bran, para que actuara de intermediario en la concesión de las subvenciones. También, el propio Dorribo pagó a Blanco 400.000€ para que consiguiera favores por parte de Hacienda y Sanidad para su empresa. De esta manera, el diputado socialista está acusado de
tráfico de influencias, un delito
difícil de demostrar por ser volátil.
Agentes de la policía investigan la sede de Nupel
Ahora, la juez de Instrucción número 3 encargada de la investigación, Estela San José, ha decidido elevar al Tribunal Supremo el caso para que inicie el procedimiento correspondiente. Pero lo ha hecho sin tener en cuenta a la Fiscalía, es decir, normalmente, esta tiene que ser avisada, para después llevar el caso ante el Tribunal Supremo, y no se ha hecho así. Por otro lado, el Tribunal Supremo no puede ejecutar actuaciones que afecten a políticos en época de campaña electoral. Otro antecedente más de interés es que la jueza estaba a la espera de un informe pericial que arrojaría resultados sobre las actividades de las empresas implicadas, entre ellas la de Dorribo. Dicho informe podría demostrar si sus declaraciones son fiables.
El portavoz del Gobierno socialista ha pedido que se resuelva el caso cuanto antes, y ha querido personarse ante el Supremo para conocer con más detalle de qué se le acusa, porque la
investigación permanece bajo secreto de sumario. También ha defendido su inocencia calificando las acusaciones vertidas como una “pura falsedad”. Todo este entramado de declaraciones y de investigaciones se produce a un día del comienzo de la campaña electoral, y con una ventaja demasiado amplia para el PP en las próximas elecciones. Además, Blanco se presenta como candidato por la circunscripción de Lugo, por lo
que su partido se ve doblemente perjudicado, tanto de cara a España como de cara a Galicia.
José Blanco
También es importante recordar que no solo ha estado implicado en este turbio asunto un político, sino que también lo han estado un diputado autonómico del PP, Pablo Cobián (dimitió en cuanto se destapó la noticia); Francisco Cacharro, ex presidente popular de la Diputación de Lugo; y Fernando Blanco, ex diputado del BNG, entre otros. Al igual que hay que recordar que las supuestas subvenciones ilegales se entregaron en 2010, cuando el presidente de la Xunta era Alberto Núñez Feijoo, del Partido Popular. En este sentido, ni PP ni PSOE están en condiciones de hacer uso del tema de la corrupción como arma política. En estos momentos es necesario que se aclare lo antes posible esta trama para que los ciudadanos lucenses sepan si un candidato a gobernar su región es o no un corrupto.
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