domingo, 11 de diciembre de 2011

Pilar Ramírez: “El sistema no puede llegar a ser justo si no lo son las personas”

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, y ahora, en estos difíciles tiempos, opositora a secretaría judicial, Pilar Ramírez es una joven de 27 años que no pierde la esperanza. Lleva casi un año preparándose para competir con miles de personas de todos los puntos de España. Su objetivo es conseguir una plaza en el mundo de la justicia. Sabe que no es fácil, requiere perseverancia y una disciplina diaria, pero continúa porque su vocación es fuerte y porque cree en la justicia a pesar de ser un sistema que, al igual que la política, necesita recuperar la confianza de los ciudadanos

Pilar Ramírez

MARÍA TERESA MUÑOZ|MADRID

- Es una época muy difícil para cualquier estudiante que mira al futuro, casi sin esperanza, y más aún para los opositores, que solo tienen una oportunidad al año para conseguir todo o nada. ¿Cuál es el secreto para no perder la esperanza en estos tiempos?

Yo considero que es muy importante la vocación, creer en lo que estás haciendo y creer que el día de mañana tendrá su recompensa. Y sobre todo, que lo que estés estudiando te guste.

- ¿Cómo afronta la posibilidad de trabajar en un futuro en el sistema judicial español, caracterizado por estar sumido en una crisis de credibilidad y confianza?

La función de un juez es aplicar e interpretar la ley, tienes que atenerte al marco jurídico, ahora bien, cuando no aparece con toda la claridad, intentar hacer esa interpretación con un sentido de la justicia. Confío en que cambie el sistema judicial, en que realmente exista esa separación de poderes y no siga la interferencia del poder ejecutivo sobre el judicial, puesto que en el caso contrario, estaría el sistema corrupto.

- ¿En qué momento la justicia se ha tornado en una losa que parece pesar más sobre las víctimas que sobre los verdugos?

El sistema penal no tiene toda la efectividad que debería tener, es cierto que en ocasiones se puede llegar a creer eso. Por ello, considero que tiene que haber una reforma porque no se consigue esa resocialización con las penas que se le imponen al responsable de una infracción, no se consiguen esos fines de reinserción en la sociedad para no volver a delinquir. Considero que debe haber una mayor protección a la víctima. No sé si lo justo sería que las penas fueran más graves, o que las penas privativas de libertad fueran superiores para delitos muy graves. Yo creo que más vale prevenir que curar, hay que intentar educar y reeducar para que no se lleguen a producir esas infracciones. Ahí tienen un papel muy importante los agentes sociales como la familia, el colegio, los medios de comunicación…

- ¿Es el sistema injusto o lo son las personas?

El sistema no puede llegar a ser justo si no lo son las personas. El sistema lo forman los representantes políticos, y nosotros que los votamos. Si el sistema lo creamos nosotros y nosotros somos injustos, el sistema no puede llegar a ser justo. Considero que los ciudadanos tienen que estar comprometidos con la sociedad. Hay varios grupos parlamentarios, ellos son

los que nos representan, y representan el interés general. Existe una democracia y nosotros tenemos que elegir a aquellos que mejor representan ese interés general y que van a ser más justos con la sociedad. Para eso, lo principal es una sociedad comprometida que no piense en su interés personal sino en el interés general, y que no le sea indiferente una opción política u otra porque esa indiferencia es lo que hace que sea el sistema más o menos justo.


El Código Civil

- Casos como el de Marta del Castillo o Sandra Palo hacen replantearse la edad penal del menor ¿los adolescentes con menos de 18 años realmente son menores de edad?

Habría que atender a las circunstancias personales de cada caso concreto. Un menor con 17 años puede tener la madurez de uno de 20 o puede ocurrir lo contrario. En la ley hay que establecer una edad penal pero hay que completar eso con algo más como los informes formulados por psicólogos y psiquiatras que intenten estudiar las condiciones de madurez de esa persona.

- ¿Cree que sería más justo eliminar la reducción de las penas, o se debe priorizar la reinserción sobre el castigo?

Yo considero que la pena debe perseguir los dos fines, tanto el fin retributivo de la realización de justicia como el fin de reinserción social. Si una persona que cumple la pena no tiene un pronóstico favorable y volvería a delinquir, deberían adoptarse unas medidas de seguridad.

- En su opinión, ¿la cadena perpetua es sinónimo de justicia?

Considero que hay delitos muy graves y lo primero que se tiene que hacer es eliminar los beneficios penitenciarios para esos delitos muy graves, y en segundo lugar, no me cierro a un debate sobre la cadena perpetua. Una cadena perpetua revisable en el caso de que esa persona demostrase indicios de resocialización sí me parece acertado. En caso de que hubiera cometido un delito grave considero que sí debería tener una pena más grave.

- En España, robar doce corderos es más grave que robar varios millones de euros, ¿el poder es capaz de imponerse a la justicia?

Hay muchos delitos en el Código Penal en los que el bien jurídico protegido de mayor protección presenta una pena menor que otro bien jurídico de menor protección. Son incongruencias de nuestros políticos a la hora de legislar. El principio de igualdad en muchas ocasiones no se cumple como en el caso de “Los Albertos”, los autores están en libertad, o el de un hombre que no había cometido delitos de sangre y estaba cumpliendo íntegramente las penas. El artículo 14 de la Constitución establece que todos somos iguales, pero los delitos patrimoniales están ahí, hay casos en los que una persona ha cometido delitos más graves y está en libertad, y una persona que ha cometido un delito menor continúa en prisión. La ley está ahí, te dice qué pena le corresponde a cada delito, pero esta situación es fruto de la politización de los tribunales y de la incongruencia de nuestros políticos a la hora de legislar.

- Un juez pasa de ser sujeto a ser objeto. Baltasar Garzón, que se convirtió en un referente a seguir, está siendo investigado por tres casos: el de los crímenes del Franquismo, del que se le acusa de prevaricación (dictar una resolución contraria al derecho), la financiación de unos cursos en el extranjero con dinero del Banco Santander, y las escuchas ilegales a los presos de la trama Gürtel. ¿La justicia está al revés?

Ha de prevalecer la ley, sin embargo, pienso que el juez Garzón es uno de los que están politizados, él primaba la política a la ley y la aplicaba en un sentido o en otro dependiendo de quien fuera el beneficiario. Actuaba con un interés personal más que con un interés general. Un juez no puede pertenecer a ningún partido político, como en este caso. Tiene que cumplir una función jurisdiccional sin que tenga una vinculación política, porque sino estaríamos hablando de un sistema corrupto en el que no se es independiente ni imparcial.

- Querellas del PP contra el PSOE en el caso Faisán, querellas del PSOE contra el PP a propósito de la trama Gürtel, ¿cree que la justicia está siendo utilizada como arma de desprestigio político o por el contrario, estos políticos están haciendo un buen uso de ella al destapar intereses ocultos que debería conocer la ciudadanía?

Estos casos están a la luz y creo que debe ser así, tanto de un color político como de otro, y deben ser tratados como cualquier otro caso, aunque ya sabemos que la Constitución Española establece la necesidad de una autorización de las cámaras para juzgar a un político, y sin embargo, una persona que no pertenezca a la política comete la infracción delictiva y puede ser juzgado sin más. Estos casos deben salir a la luz, independientemente de la intención con la que lo hagan los que los sacan. Sobre todo, que las investigaciones sigan adelante, si se paralizaran sí estaríamos hablando de un interés político y de unos jueces politizados. Esta es la única manera que tenemos de conocer estos casos, es la ventaja de que exista una pluralidad de partidos.

- ¿La justicia hoy es política?

Los altos tribunales sí están politizados, un juzgado de primera instancia o de instrucción de un municipio o provincia no. El Fiscal General del Estado debería cambiar porque no puede ser nombrado por el gobierno, ya que la jerarquía que desciende de este cargo depende del mismo. De la misma manera, considero que se tendría que producir una reforma en el Tribunal Constitucional y que los componentes sean nombrados por los propios jueces, y no como está establecido, cuatro por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial. Deberían ser nombrados bien por méritos, jurisprudencia ejemplar, etc.

- ¿Hay algo o alguien que esté por encima de la ley?

La justicia no se aplica por igual a todos los iguales, el poder está a veces por encima de la ley.


martes, 6 de diciembre de 2011


Más que un mitin, una fiesta entre amigos

La alegría fue el punto destacado del mitin del PP en Leganés, recién inaugurada oficialmente la campaña electoral. Se transmitió un mensaje más cargado de emotividad que de propuestas

MARÍA TERESA MUÑOZ|MADRID

En España ya ha comenzado el cambio, el Partido Popular con Mariano Rajoy como candidato a la presidencia, se alzó el 20 de noviembre con la mayoría más que absoluta. Tras dos legislaturas incompletas, ahora es la gaviota la que desplaza a la rosa, para afrontar una época de dificultades económicas que podría traer todavía muchos sin sabores. Toca cumplir lo que se prometió durante los intensos 15 días de campaña electoral en toda la geografía española. A partir de ahora y hasta que finalice el gobierno de Rajoy, sus simpatizantes tendrán tiempo para valorar si se merece aquellos aplausos que le regalaron el 5 de noviembre en el pabellón deportivo Europa de Leganés, en un mitin marcado por unas promesas de futuro que no ahondaban lo suficiente.

Leganés fue uno de los primeros destinos elegidos por Rajoy y su equipo para difundir su programa, y así pedir el voto un día después de que se produjera el pistoletazo de salida de la carrera por la Moncloa. Prácticamente lleno, el pabellón era ya antes de que comenzara el mitin, una fiesta popular. El ambiente se iba gestando con merchandising del candidato, pancartas de apoyo, la sintonía propia del partido reproducida en bucle, y una marea de banderas azules que se izaban cuando la alegría producía un éxtasis en los asistentes. Se percibían los nervios y la ilusión propios de aquellos momentos en los que se sabe que se va a recibir una sorpresa. Como en cualquier espectáculo en el que no puede faltar la fase previa a la gran función a cargo de los teloneros, un mitin no iba a ser menos, una voz masculina asumió ese papel, guiando al público y animándolo aún más con canciones tan sugerentes como la famosa versión “Alfredo no te creo” o “La despedida”, en honor a Rubalcaba. Los asistentes, la inmensa mayoría simpatizantes y afiliados al PP, no dudaban en cantar y en transmitir su euforia, justificada por los resultados favorables de las encuestas. Por lo que el mitin no venía más que a confirmar lo que ya sabían los líderes populares, y es que su público estaba convencido de que la solución era el PP, que por ello se sumarían al cambio y ganarían las elecciones. El acto sería como una reunión de amigos en un ambiente festivo.

Asistentes al mitin en el pabellón de Leganés

Eran las 12:00 horas de la mañana y los protagonistas, Esperanza Aguirre, Gallardón, Sáez de Santamaría, Dolores de Cospedal, Ana Mato entre otros, encabezados por Rajoy, entranban en

escena de la mejor manera posible en una campaña electoral: entre el público. Así, transmitían una imagen de humildad a la vez que la gente los saludaba sintiéndolos cercanos y amables. A continuación venía la prueba de fuego, la verdadera arma para ganar votos o incluso perderlos si no se sabe manejar correctamente, la que emitirían las radios y las televisiones a mediodía, la que ocuparía cuanto menos una columna en los periódicos o la que podría ser trending topic en Twitter: el discurso.

Rajoy pronunciando su discurso

La inauguración estuvo a cargo del alcalde de Leganés, Jesús Gómez, quien por fin gobernaba tras 32 años de socialismo en el llamado “cinturón rojo” de Madrid que según él, hoy ya no existe. El turno pasaba a Esperanza Aguirre, principal representante de la política popular por llevar en la presidencia de Madrid dos legislaturas en un mapa ampliamente rojo. Antes de hablar de medidas, calificó al gobierno, ahora en funciones, plagado de “rubalteros” y “zapalcabas”, para que los asistentes tuvieran aún más claro quiénes eran sus enemigos. Menos divertido era lo que tocaba ahora, enumerar algunos proyectos para mejorar la economía. Tras pasar ese trago menos agradable, Aguirre no podía abandonar el atril sin destacar a un Rajoy representante de la valentía y la verdad, el presidente que cualquier ciudadano quisiera tener. Con estos adornos, el candidato lo tenía fácil para poner un broche de oro, el público estaba a su favor.

VIDEO: Aguirre dice que los ciudadanos están hartos de "rubalteros" y "zapalcabas"

Sus palabras fueron para destacar la necesidad de un cambio, y un cambio a mejor que ejemplificaba con el caso de la comunidad de Madrid, con una economía creciente y un gasto en sanidad y educación públicas, una muestra algo confusa de que el PP había hecho los deberes. Después enumeró los nombres de los que formarían parte de su gobierno, destacando como característica esencial de este la competencia para afrontar la responsabilidad que requiere dirigir un país. Siguiendo la línea de oposición que suele hacer el Partido Popular, se colaron de manera intencionada unas frases con el fin de desacreditar al PSOE, apoyadas principalmente en el argumento que ya conocemos, el de los 5 millones de parados. El final estuvo marcado por el qué, algunas de las medidas que llevaría a cabo como un nuevo plan económico, apoyo a los emprendedores o austeridad; pero no por el cómo que es la parte más importante e interesante para los ciudadanos. Tiene una explicación y es que el riesgo era considerable en unos momentos como esos, recién comenzada la campaña no podía sorprender negativamente a los votantes, por lo que era preferible hablar pero no reflexionar demasiado sobre el futuro que les esperaría.

La guinda de este pastel, que estaba quedando perfecto, la pusieron sus últimas palabras: “se acabará el paro y seremos felices”. El público ya estaba desatado, poseído por la euforia y la embriaguez de la futura victoria. Nadie se planteaba en aquel momento si el “seremos felices” se cumpliría estando inmersos en una crisis tan grave, tal y como la había descrito el Partido Popular mientras gobernaba Zapatero. El sabor del mitin era demasiado dulce como para pensar que en algún momento desaparecería. En el fondo, era posible ser felices porque el gran problema, el PSOE, ya estaba fuera de juego. Nada que objetar ni al principio ni al final. Así transcurrió esa reunión de los mejores amigos que se reencontraban en una fiesta en la que solo cabía la alegría de verse y escucharse.



martes, 29 de noviembre de 2011


Reportaje: Una sanidad en la UCI

Cataluña lleva más de medio año recortando en sanidad para ahorrar, puesto que el modelo que actualmente está implantado ha dado números rojos en las arcas de la Generalitat. Se trata de un gasto que Artur Mas ha decidido frenar con unas medidas difíciles de digerir para el personal que trabaja en la medicina

MARÍA TERESA MUÑOZ|MADRID


Artur Mas, presidente de la Generalitat, y Boi Ruiz, consejero de sanidad en Cataluña

El sistema sanitario catalán se resiente cada vez más. El gasto que conlleva este modelo se ha convertido en una enfermedad crónica, que se está tratando con fuertes dosis de ahorro, que además no cesan. Había que elegir entre la cura dolorosa o la muerte, entre la reorganización del gasto o la quiebra, para salvar un sistema calificado de “insostenible”.

Esa ha sido una de las decisiones más polémicas que ha tenido que tomar Artur Mas, presidente de la Generalitat catalana desde noviembre de 2010. La reorganización del gasto, nombre que le ha dado a lo que la mayoría llaman “recortes” o el “tijeretazo”, ha puesto en pie de guerra a los trabajadores de la medicina, a los sindicatos, a los partidos de la oposición y a muchos ciudadanos que se ven directamente afectados.

Los recortes son el fruto de una cifra que obsesiona al ejecutivo: el ahorro de unos mil millones de euros en este sector para finales de año. Con este objetivo, se programaron dos fases de reducción del gasto: una en marzo y otra en octubre, esta última la más drástica.


Artur Mas en el Parlamento catalán

La primera dejó un panorama dramático: se paralizó la construcción de hospitales, la lista de espera desplazó su límite de seis a ocho meses para aquellas operaciones no urgentes, recortes en el sueldo de los profesionales sanitarios que oscilan entre el 8% y el 20%, ahorro en luz, agua, calefacción, material quirúrgico, se suprime parte de la atención sanitaria en periodos vacacionales como Semana Santa o verano, y también se suprimen plantas en hospitales y empleos. Estas medidas provocaron la movilización del personal afectado, que en una de sus protestas paralizó el tráfico, y muchos de esos conductores atrapados se solidarizaron con los huelguistas, pero el gobierno catalán permanece inmutable advirtiendo que cualquier protesta “no servirá de nada”.

En la segunda fase, que se está aplicando ahora, continúan muchas de las medidas de la anterior y otras más duras como la reducción de médicos de guardia que afectará al servicio de urgencias, el cuál en muchos hospitales ya se está prestando por teléfono para ahorrar en mantenimiento de centros. Unos 22 ambulatorios ya están cerrados, se ha reducido un 2% la tarifa pagada a los centros por prestar servicios, cierre de algunos quirófanos o la reducción de la paga de Navidad a la mitad. En muchos hospitales ya se “autorrecortan” para evitar los ERE, de hecho, un total de 182 médicos jefes han firmado un acuerdo para que no se lleven a cabo recortes tan drásticos en aras de buscar una solución más pacífica. Las protestas continúan, a pesar de que no se tengan en cuenta, como la que protagonizaron centenares de sanitarios ante el Instituto Catalán de Salud (ICS).


Manifestación del cuerpo sanitario del Hospital Vall D'Hebrón

El caso de Carmen Mesa, de 65 años, que ha acaparado la atención de los medios, demuestra hasta qué punto pueden llegar a afectar los recortes a la ciudadanía. Falleció seis días después de ser operada de un derrame cerebral, habiendo pasado previamente por cuatro hospitales en 65 horas. En uno de esos cuatro, el hospital Vall D’Hebrón, le comunicaron que no podían atenderla porque no disponían de quirófano en todo el día, según afirma un familiar de Carmen, porque el centro se encontraba en fase de reordenación de los servicios, impuesta por la Consejería de Salud. Los familiares de la fallecida se han querellado contra el gerente de dicho hospital y el jefe de servicio de neurocirugía, acusados de un delito contra los derechos individuales por no garantizar la atención sanitaria a la que están obligados.

Desde el gobierno, Artur Mas afirmó que los recortes no afectarían a la calidad del servicio ofrecido, y el consejero de sanidad, Boi Ruiz, declaró en el programa 59 segundos en Cataluña: “No hemos cerrado servicios, hemos cambiado la forma de gestionarlos”. Los sindicatos advierten que si continúan las medidas, la sanidad se colapsará, porque en atención primaria, las listas sobrepasan las dos semanas, y en oncología, los dos meses. Asimismo, no creen en un pacto con la Generalitat porque ya se han perdido unos 2.000 puestos de trabajo entre interinos y eventuales, y nadie garantiza que esta situación no se repita o que no se vuelva a rebajar el sueldo a los que ya se lo han reducido.

Parece que ningún motivo hará cambiar de opinión al ejecutivo. Un sistema considerado insostenible se está tratando con unas medidas que también aparentan serlo, ya que están generando mucha polémica. Lo que muchos se plantean es si era necesario reducir el gasto en sanidad de esa manera, habiendo otros ámbitos de los que se puede recortar y que no afectarían a la ciudadanía de una manera tan dramática. Mientras el resto de España sigue pendiente del ritmo de la economía y de los primeros pasos de Rajoy, en Cataluña, la preocupación está en los pasillos de los hospitales.

domingo, 13 de noviembre de 2011

Urdangarín, investigado por la Operación Babel, podría ser imputado por malversación de caudales públicos

El esposo de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, está siendo investigado por su gestión en el Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro. Al parecer, parte de los fondos públicos que recibe la fundación por organizar eventos podrían haberse destinado a una red de empresas, creada para ello. El duque de Palma podría ser imputado por malversación de caudales públicos y falsedad

MARÍA TERESA MUÑOZ|MADRID

La corrupción política parece salpicar estos días a la Casa Real. El marido de la infanta Cristina, el ex deportista y duque de Palma, Iñaki Urdangarín, es noticia en los medios de comunicación por una investigación de sus negocios en el Instituto Nóos. A raíz de esta fundación, se ha creado toda una red empresarial repartida por Baleares, Valencia y Cataluña hacia la que se desviaban fondos públicos percibidos por Nóos. De esta manera, la investigación que está llevando a cabo el juez José Castro junto al fiscal de Anticorrupción Pedro Horrach, forma parte de la llamada Operación Babel. Esta a su vez, se engloba en el caso Palma Arena, sobre irregularidades en el mandato del ex presidente balear, Jaume Matas, y supuesta financiación ilegal del PP.


Iñaki Urdangarín y su esposa, la infanta Cristina

El Instituto Nóos es una entidad sin ánimo de lucro. Sin embargo, entre 2004 y 2006, la fundación que presidía Urdangarín recibió del gobierno balear, en aquel momento presidido por Jaume Matas, 5.3 millones de euros. De esos, entre 1.5 y 2 millones se destinaron a empresas relacionadas con Nóos, como la inmobiliaria Aizoon SL (en la que participa la infanta Cristina) y Nóos Consultoría Estratégica SL. Una actividad que llama especialmente la atención y que publica con detalle Elpaís.com se produjo en 2005 y 2006, años en los que Nóos se encargó de celebrar el Fórum de las Islas Baleares, un acto anual para promover el turismo. El gobierno de Jaume Matas lo sufragó con 2.3 millones de euros, una cifra que percibió el Instituto por ser el organizador, y que no justifica tal coste para aquellos actos. De hecho, existe un agujero de un millón de euros detectado por la Fiscalía Anticorrupción que no se sabe en qué se ha invertido, y que es el principal motivo por el que se puede acusar al esposo de la Infanta de malversación de caudales públicos y falsedad.

Según las informaciones de Público.es, en Valencia, entre 2004 y 2006 la Generalitat y el Ayuntamiento destinaron 3.3 millones a Nóos para que se encargara del montaje de una cumbre sobre el deporte y el turismo. También, la Generalitat quiso celebrar unos Juegos Europeos y para ello pensó en la fundación de Urdangarín, así que le entregó 300.000€ y aunque finalmente no se celebraron, este dinero no se devolvió a la Generalitat.

Folleto del Forum de las Islas Baleares

En toda esta trama está implicado la mano derecha del duque de Palma, Diego Torres, quien fue gerente de Nóos hasta que Urdangarín dejó de presidir el Instituto, momento en que él mismo pasó a ser el presidente. También fue administrador de la empresa consultora. Torres desvió fondos a un paraíso fiscal en Belice, hecho que se está investigando. Pero no solo es este socio, otros tres administradores también están en el punto de mira. El juez ha dictado el auto para proceder al registro de la sede en Barcelona.


Agentes de la Dirección General de Policía a la salida de la sede del Instituto Nóos

Urdangarín envió un comunicado a la agencia Efe el día 11 de noviembre en Washington, ya que es allí donde trabaja como consejero de Telefónica Internacional. En él defendía su “honorabilidad e inocencia”, alegando también que “cuando conozca los pormenores de las diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, que en este momento son formalmente secretas, podré pronunciarme sobre su contenido”. Asimismo, la
Casa Real afirmaba por medio de un portavoz a Europa Press: "No hacemos ningún comentario sobre una investigación que está en el ámbito judicial". De momento silencio en los salones reales mientras la justicia hace su trabajo.

lunes, 7 de noviembre de 2011

José Blanco, en el punto de mira
en plena campaña electoral

El portavoz del Gobierno y candidato por el PSOE a la circunscripción de Lugo, José Blanco, ha pedido que se le permita personarse en el Tribunal Supremo para conocer más datos acerca de su acusación en la operación Campeón, y poder defenderse. La trama de supuestas subvenciones ilegales está siendo investigada por la jueza Estela San José, quien ha decidido elevar el caso al Tribunal Supremo sin consultar previamente con la Fiscalía

MARÍA TERESA MUÑOZ|MADRID

Al PSOE se le complica aún más el panorama de cara al 20N. Su portavoz, José Blanco, es noticia desde que saltara a la luz pública en mayo de 2011 la operación Campeón. Se trata de una trama de corrupción en la que varias empresas, siendo las cabecillas Nupel del sector farmacéutico y Proitec de gestión empresarial, percibían subvenciones ilegalmente del Instituto Galego de Promoción Económica (IGalPE).

Entre los 15 detenidos, figuraba Jorge Dorribo, propietario de Nupel y cabecilla de la trama,

quien acusó a José Blanco de pagar 200.000€ a un primo político suyo, Manuel Bran, para que actuara de intermediario en la concesión de las subvenciones. También, el propio Dorribo pagó a Blanco 400.000€ para que consiguiera favores por parte de Hacienda y Sanidad para su empresa. De esta manera, el diputado socialista está acusado de tráfico de influencias, un delito difícil de demostrar por ser volátil.


Agentes de la policía investigan la sede de Nupel

Ahora, la juez de Instrucción número 3 encargada de la investigación, Estela San José, ha decidido elevar al Tribunal Supremo el caso para que inicie el procedimiento correspondiente. Pero lo ha hecho sin tener en cuenta a la Fiscalía, es decir, normalmente, esta tiene que ser avisada, para después llevar el caso ante el Tribunal Supremo, y no se ha hecho así. Por otro lado, el Tribunal Supremo no puede ejecutar actuaciones que afecten a políticos en época de campaña electoral. Otro antecedente más de interés es que la jueza estaba a la espera de un informe pericial que arrojaría resultados sobre las actividades de las empresas implicadas, entre ellas la de Dorribo. Dicho informe podría demostrar si sus declaraciones son fiables.

El portavoz del Gobierno socialista ha pedido que se resuelva el caso cuanto antes, y ha querido personarse ante el Supremo para conocer con más detalle de qué se le acusa, porque la

investigación permanece bajo secreto de sumario. También ha defendido su inocencia calificando las acusaciones vertidas como una “pura falsedad”. Todo este entramado de declaraciones y de investigaciones se produce a un día del comienzo de la campaña electoral, y con una ventaja demasiado amplia para el PP en las próximas elecciones. Además, Blanco se presenta como candidato por la circunscripción de Lugo, por lo
que su partido se ve doblemente perjudicado, tanto de cara a España como de cara a Galicia.
José Blanco

También es importante recordar que no solo ha estado implicado en este turbio asunto un político, sino que también lo han estado un diputado autonómico del PP, Pablo Cobián (dimitió en cuanto se destapó la noticia); Francisco Cacharro, ex presidente popular de la Diputación de Lugo; y Fernando Blanco, ex diputado del BNG, entre otros. Al igual que hay que recordar que las supuestas subvenciones ilegales se entregaron en 2010, cuando el presidente de la Xunta era Alberto Núñez Feijoo, del Partido Popular. En este sentido, ni PP ni PSOE están en condiciones de hacer uso del tema de la corrupción como arma política. En estos momentos es necesario que se aclare lo antes posible esta trama para que los ciudadanos lucenses sepan si un candidato a gobernar su región es o no un corrupto.


lunes, 31 de octubre de 2011

Los sueños que no han despegado

El aeropuerto de Ciudad Real se ha quedado sin vuelos. La única compañía que operaba en él, Vueling, hacía despegar el último avión con 45 personas a bordo. El Aeropuerto Central manchego se suma a otros, como ejemplo de gran inversión económica nada rentable

MARÍA TERESA MUÑOZ|MADRID

El 29 de octubre era un día gris para el aeropuerto de Ciudad Real porque finalizaba su servicio la única compañía aérea activa en el aeródromo manchego, Vueling. Las razones son la falta de rentabilidad, el encarecimiento del combustible y la situación económica, según han afirmado fuentes de la compañía. No era una noticia que pudiera sorprender puesto que tarde o temprano acabaría ocurriendo en un aeropuerto que acumula problemas desde sus inicios, y en el que las otras compañías (Air Nostrum, Air Berlin y Ryanair) ya habían naufragado. Un inconveniente más añadido a la interminable lista que parece apuntar el cierre, pero que todavía no ha llegado.

Avión de Vueling

Toda esta aventura política comenzaba a finales de los noventa, cuando se decidió promover el comercio exterior en Ciudad Real, y se pensó en construir un aeropuerto de carga, no de pasajeros. Unos 4.200 metros de longitud de pista para aterrizar, una de las más grandes de Europa, se construyeron a 200 km de Madrid.
Los problemas llegaron cuando en 2005 se declaró que se estaba construyendo sobre suelo ilegal, concretamente, una Zona Especial de Protección para las Aves, pero unas medidas compensatorias permitieron que el proyecto continuara. Después, se necesitaban más socios que invirtieran en él, como había hecho Caja de ahorros Castilla-La Mancha (CCM), la cual había adquirido hasta un 35% del accionariado, y había prestado a socios privados un 25%.
Vista aérea de las pistas del aeropuerto de Ciudad Real

Pero no es todo, el 18 de diciembre de 2008, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, inauguraba el enésimo aeropuerto de España y el único privado, bajo el lema “Despegan nuestros sueños”. Pero el despegue no se produjo; las expectativas de alcanzar varios millones de pasajeros en poco tiempo se esfumaban, la realidad eran unos 100.000 anuales. Por otra parte, en 2010 el Juzgado de Primera Instancia número 4 y de

lo Mercantil de Ciudad Real convoca en concurso de acreedores (suspensión de pagos) a CR Aeropuertos, la sociedad promotora; a todo esto se suma el ERE en enero que ha afectado a varias decenas de trabajadores. En total, unos 500 millones invertidos y una deuda de unos 320.000 millones de euros, más todo lo anterior, permiten calificarlo de fracaso absoluto. Y más en la actualidad, con la llegada del AVE a Ciudad Real.


El presidente de Castilla- La Mancha (centro) en el aeropuerto de Ciudad Real

Por todos estos motivos, el ya conocido movimiento crítico 15M, organizó una manifestación el 29 de octubre, desde la Plaza Mayor de Ciudad Real hasta el aeropuerto; y una acampada los días 29 y 30. Pero el Aeropuerto Central de Ciudad Real no es un caso aislado, hay muchos más en España, Huesca, Burgos, León, Salamanca, Lleida y el reciente inaugurado en Castellón, el cual no va a recibir vuelos en los próximos ocho meses.

Folleto de la manifestación del 15M por el aeropuerto de Ciudad Real

Se trata de un problema que tiene solución: pensar antes de construir. Si realmente se valoraran los recursos económicos y el grado de necesidad de tal infraestructura, no nos encontraríamos en estos momentos con los problemas económicos y de otra índole, que acarrean los aeropuertos ya mencionados. Y sobre todo, la experiencia debe servir para evitar cometer los mismos errores en un futuro, pero el ser humano tropieza dos veces con la misma piedra, y por eso se ha construido e inaugurado el de Castellón. En estos últimos años en los que ha proliferado tanto el sector de la vía férrea, es un motivo aún mayor para repensar la construcción de un aeropuerto. Precisamente ahora debemos tomar la medicina para curarnos de la fiebre aeroportuaria y férrea.

lunes, 24 de octubre de 2011

¿Se acaba ETA o es un espejismo?

El comunicado que la banda terrorista difundió el pasado viernes 21 de octubre, seguido de la manifestación de la izquierda abertzale y las declaraciones de los distintos dirigentes políticos, plantea dudas con respecto al final de la banda y todo lo que la rodea

MARÍA TERESA MUÑOZ|MADRID

En estos últimos días, la actividad de las redacciones de los distintos medios no ha cesado, al igual que la necesidad de información de los ciudadanos. Un tema ha acaparado las portadas de todos los periódicos, ha sido la noticia de apertura de las cadenas de televisión o el acontecimiento destacado en los boletines de radio el jueves y el viernes, 20 y 21 de octubre. ETA abandonaba la lucha armada a través de un comunicado, difundido en el diario Gara y Berria en torno a las 19 horas del jueves 20. Desde ese momento, la alegría se instalaba en todos los partidos políticos (algunos de sus dirigentes la expresaban emocionados), en muchos concejales que ya podían prescindir de sus escoltas, y en la mayoría de los ciudadanos, deseosos de recibir una noticia de ese calibre. Pero pronto surgía la duda de si sería realmente el fin de la banda terrorista que ha dejado 829 víctimas en 43 años de actividad.

Encapuchados de ETA durante la grabación del comunicado

El viernes fue el día de la emotividad, y el sábado, el de la reflexión. Una manifestación de la izquierda abertzale pedía la independencia de los presos etarras mientras algunos políticos como Cayo Lara (IU), ya afirmaban que es necesaria la entrega de las armas, o que la tarea que toca es desmantelar a ETA, según Felipe González. También hubo lugar para la desconfianza entre los militares, un grupo al que le afecta directamente, o el escepticismo entre los familiares de las víctimas, y todo ello, con el 20N como telón de fondo. Distintas posturas, en definitiva, que están condenadas a entenderse mediante el diálogo, ahora que el muro del terrorismo parece haber caído.

Como venía siendo evidente en los últimos años, ETA se encontraba en una situación difícil, sometida a un gran acoso policial que la estaba debilitando cada vez más. Por otra parte, Arnaldo Otegui (cabeza visible de la ilegalizada Batasuna) reconocía que la población vasca ya no aceptaba el terrorismo, así como la izquierda abertzale se había alejado de

la ideología radical tras el atentado de 2006 en la T-4 de Barajas, lo cual suponía una apuesta por vías políticas y pacíficas. La firma del Acuerdo de Gernika en septiembre de 2010 se sumaba a esta lista de antecedentes que parecían indicar el fin de ETA ya en julio de este año, como se sospechaba, pero se ha hecho esperar unos meses.


Manifestación a favor de los presos de ETA


Hay quien piensa que el final de la banda terrorista podría ser una estrategia del PSOE para llevarse el mérito y ganar votos en el 20N. Otros creen que el adelanto electoral y la inminente llegada del PP al poder han sido los desencadenantes del fin de ETA, ya que

ésta estaba pendiente de la decisión del Tribunal Constitucional respecto a la legalización de Sortu, (el brazo político que sustituye a Batasuna), y la revisión de la doctrina Parot, la cual aplica los beneficios penitenciarios a cada una de las condenas de los etarras y ello permite un mayor tiempo del cumplimiento de las penas. La banda terrorista tenía buenas previsiones sobre esas dos operaciones, pero con el adelanto electoral y el posible triunfo del PP, todo se torcería y por ello, habría decidido abandonar la lucha armada. Por su parte, otros consideran que Bildu puede entrar fuerte el 20N, por lo que la banda se puede ver con poder a través de una vía legítima como es la política.

Símbolo de Bildu


Sea cual fuere el motivo, lo importante es que ETA ha proclamado el “cese definitivo” del terrorismo, y acepta un proceso de diálogo mediante el cual llegar a una solución, para construir un escenario de paz y libertad. No es tiempo para pensar en quién se lleva el mérito o quién se beneficia más en las próximas elecciones, ni tampoco es el momento para exigir el perdón hacia los presos etarras o su liberación. Si han cometido un delito, deben pagar por él como cualquier condenado a prisión, independientemente de que las circunstancias políticas cambien. Para que se les libere, deberían cambiar las leyes, no ETA. Si hay que exigir algo, y muchos son los que consideran fundamental hacerlo, es la entrega de las armas y el desmantelamiento de los zulos para asegurar que ETA está acabada realmente. Numerosos interrogantes se plantean en torno a la credibilidad de las palabras del comunicado, y más que con desconfianza, conviene tomarlas con prudencia, actuar con seguridad en los pasos que se van a dar, y por supuesto, crear ese escenario de paz y libertad con la colaboración de todas las formaciones políticas. El terrorismo debe dejar de ser utilizado como un arma electoral.que la banda se puede ver con poder a través de una vía legítima como es la política.

Esta historia, con aparente final feliz, vuelve a demostrar que la violencia y la lucha armada no conducen a ningún lugar: el diálogo es el camino más fácil, menos costoso y más justo para conseguir un objetivo. Desgraciadamente, 829 víctimas murieron sabiendo esto, y es ahora cuando los asesinos entran en razón, precisamente ahora que ya no hay marcha atrás para reponer el daño causado y para devolverle la vida a los que inocentemente la perdieron, por señalar lo que ahora los propios terroristas reconocen. Aunque duela, debe asumirse que más vale tarde que nunca.