martes, 29 de noviembre de 2011


Reportaje: Una sanidad en la UCI

Cataluña lleva más de medio año recortando en sanidad para ahorrar, puesto que el modelo que actualmente está implantado ha dado números rojos en las arcas de la Generalitat. Se trata de un gasto que Artur Mas ha decidido frenar con unas medidas difíciles de digerir para el personal que trabaja en la medicina

MARÍA TERESA MUÑOZ|MADRID


Artur Mas, presidente de la Generalitat, y Boi Ruiz, consejero de sanidad en Cataluña

El sistema sanitario catalán se resiente cada vez más. El gasto que conlleva este modelo se ha convertido en una enfermedad crónica, que se está tratando con fuertes dosis de ahorro, que además no cesan. Había que elegir entre la cura dolorosa o la muerte, entre la reorganización del gasto o la quiebra, para salvar un sistema calificado de “insostenible”.

Esa ha sido una de las decisiones más polémicas que ha tenido que tomar Artur Mas, presidente de la Generalitat catalana desde noviembre de 2010. La reorganización del gasto, nombre que le ha dado a lo que la mayoría llaman “recortes” o el “tijeretazo”, ha puesto en pie de guerra a los trabajadores de la medicina, a los sindicatos, a los partidos de la oposición y a muchos ciudadanos que se ven directamente afectados.

Los recortes son el fruto de una cifra que obsesiona al ejecutivo: el ahorro de unos mil millones de euros en este sector para finales de año. Con este objetivo, se programaron dos fases de reducción del gasto: una en marzo y otra en octubre, esta última la más drástica.


Artur Mas en el Parlamento catalán

La primera dejó un panorama dramático: se paralizó la construcción de hospitales, la lista de espera desplazó su límite de seis a ocho meses para aquellas operaciones no urgentes, recortes en el sueldo de los profesionales sanitarios que oscilan entre el 8% y el 20%, ahorro en luz, agua, calefacción, material quirúrgico, se suprime parte de la atención sanitaria en periodos vacacionales como Semana Santa o verano, y también se suprimen plantas en hospitales y empleos. Estas medidas provocaron la movilización del personal afectado, que en una de sus protestas paralizó el tráfico, y muchos de esos conductores atrapados se solidarizaron con los huelguistas, pero el gobierno catalán permanece inmutable advirtiendo que cualquier protesta “no servirá de nada”.

En la segunda fase, que se está aplicando ahora, continúan muchas de las medidas de la anterior y otras más duras como la reducción de médicos de guardia que afectará al servicio de urgencias, el cuál en muchos hospitales ya se está prestando por teléfono para ahorrar en mantenimiento de centros. Unos 22 ambulatorios ya están cerrados, se ha reducido un 2% la tarifa pagada a los centros por prestar servicios, cierre de algunos quirófanos o la reducción de la paga de Navidad a la mitad. En muchos hospitales ya se “autorrecortan” para evitar los ERE, de hecho, un total de 182 médicos jefes han firmado un acuerdo para que no se lleven a cabo recortes tan drásticos en aras de buscar una solución más pacífica. Las protestas continúan, a pesar de que no se tengan en cuenta, como la que protagonizaron centenares de sanitarios ante el Instituto Catalán de Salud (ICS).


Manifestación del cuerpo sanitario del Hospital Vall D'Hebrón

El caso de Carmen Mesa, de 65 años, que ha acaparado la atención de los medios, demuestra hasta qué punto pueden llegar a afectar los recortes a la ciudadanía. Falleció seis días después de ser operada de un derrame cerebral, habiendo pasado previamente por cuatro hospitales en 65 horas. En uno de esos cuatro, el hospital Vall D’Hebrón, le comunicaron que no podían atenderla porque no disponían de quirófano en todo el día, según afirma un familiar de Carmen, porque el centro se encontraba en fase de reordenación de los servicios, impuesta por la Consejería de Salud. Los familiares de la fallecida se han querellado contra el gerente de dicho hospital y el jefe de servicio de neurocirugía, acusados de un delito contra los derechos individuales por no garantizar la atención sanitaria a la que están obligados.

Desde el gobierno, Artur Mas afirmó que los recortes no afectarían a la calidad del servicio ofrecido, y el consejero de sanidad, Boi Ruiz, declaró en el programa 59 segundos en Cataluña: “No hemos cerrado servicios, hemos cambiado la forma de gestionarlos”. Los sindicatos advierten que si continúan las medidas, la sanidad se colapsará, porque en atención primaria, las listas sobrepasan las dos semanas, y en oncología, los dos meses. Asimismo, no creen en un pacto con la Generalitat porque ya se han perdido unos 2.000 puestos de trabajo entre interinos y eventuales, y nadie garantiza que esta situación no se repita o que no se vuelva a rebajar el sueldo a los que ya se lo han reducido.

Parece que ningún motivo hará cambiar de opinión al ejecutivo. Un sistema considerado insostenible se está tratando con unas medidas que también aparentan serlo, ya que están generando mucha polémica. Lo que muchos se plantean es si era necesario reducir el gasto en sanidad de esa manera, habiendo otros ámbitos de los que se puede recortar y que no afectarían a la ciudadanía de una manera tan dramática. Mientras el resto de España sigue pendiente del ritmo de la economía y de los primeros pasos de Rajoy, en Cataluña, la preocupación está en los pasillos de los hospitales.

domingo, 13 de noviembre de 2011

Urdangarín, investigado por la Operación Babel, podría ser imputado por malversación de caudales públicos

El esposo de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, está siendo investigado por su gestión en el Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro. Al parecer, parte de los fondos públicos que recibe la fundación por organizar eventos podrían haberse destinado a una red de empresas, creada para ello. El duque de Palma podría ser imputado por malversación de caudales públicos y falsedad

MARÍA TERESA MUÑOZ|MADRID

La corrupción política parece salpicar estos días a la Casa Real. El marido de la infanta Cristina, el ex deportista y duque de Palma, Iñaki Urdangarín, es noticia en los medios de comunicación por una investigación de sus negocios en el Instituto Nóos. A raíz de esta fundación, se ha creado toda una red empresarial repartida por Baleares, Valencia y Cataluña hacia la que se desviaban fondos públicos percibidos por Nóos. De esta manera, la investigación que está llevando a cabo el juez José Castro junto al fiscal de Anticorrupción Pedro Horrach, forma parte de la llamada Operación Babel. Esta a su vez, se engloba en el caso Palma Arena, sobre irregularidades en el mandato del ex presidente balear, Jaume Matas, y supuesta financiación ilegal del PP.


Iñaki Urdangarín y su esposa, la infanta Cristina

El Instituto Nóos es una entidad sin ánimo de lucro. Sin embargo, entre 2004 y 2006, la fundación que presidía Urdangarín recibió del gobierno balear, en aquel momento presidido por Jaume Matas, 5.3 millones de euros. De esos, entre 1.5 y 2 millones se destinaron a empresas relacionadas con Nóos, como la inmobiliaria Aizoon SL (en la que participa la infanta Cristina) y Nóos Consultoría Estratégica SL. Una actividad que llama especialmente la atención y que publica con detalle Elpaís.com se produjo en 2005 y 2006, años en los que Nóos se encargó de celebrar el Fórum de las Islas Baleares, un acto anual para promover el turismo. El gobierno de Jaume Matas lo sufragó con 2.3 millones de euros, una cifra que percibió el Instituto por ser el organizador, y que no justifica tal coste para aquellos actos. De hecho, existe un agujero de un millón de euros detectado por la Fiscalía Anticorrupción que no se sabe en qué se ha invertido, y que es el principal motivo por el que se puede acusar al esposo de la Infanta de malversación de caudales públicos y falsedad.

Según las informaciones de Público.es, en Valencia, entre 2004 y 2006 la Generalitat y el Ayuntamiento destinaron 3.3 millones a Nóos para que se encargara del montaje de una cumbre sobre el deporte y el turismo. También, la Generalitat quiso celebrar unos Juegos Europeos y para ello pensó en la fundación de Urdangarín, así que le entregó 300.000€ y aunque finalmente no se celebraron, este dinero no se devolvió a la Generalitat.

Folleto del Forum de las Islas Baleares

En toda esta trama está implicado la mano derecha del duque de Palma, Diego Torres, quien fue gerente de Nóos hasta que Urdangarín dejó de presidir el Instituto, momento en que él mismo pasó a ser el presidente. También fue administrador de la empresa consultora. Torres desvió fondos a un paraíso fiscal en Belice, hecho que se está investigando. Pero no solo es este socio, otros tres administradores también están en el punto de mira. El juez ha dictado el auto para proceder al registro de la sede en Barcelona.


Agentes de la Dirección General de Policía a la salida de la sede del Instituto Nóos

Urdangarín envió un comunicado a la agencia Efe el día 11 de noviembre en Washington, ya que es allí donde trabaja como consejero de Telefónica Internacional. En él defendía su “honorabilidad e inocencia”, alegando también que “cuando conozca los pormenores de las diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, que en este momento son formalmente secretas, podré pronunciarme sobre su contenido”. Asimismo, la
Casa Real afirmaba por medio de un portavoz a Europa Press: "No hacemos ningún comentario sobre una investigación que está en el ámbito judicial". De momento silencio en los salones reales mientras la justicia hace su trabajo.

lunes, 7 de noviembre de 2011

José Blanco, en el punto de mira
en plena campaña electoral

El portavoz del Gobierno y candidato por el PSOE a la circunscripción de Lugo, José Blanco, ha pedido que se le permita personarse en el Tribunal Supremo para conocer más datos acerca de su acusación en la operación Campeón, y poder defenderse. La trama de supuestas subvenciones ilegales está siendo investigada por la jueza Estela San José, quien ha decidido elevar el caso al Tribunal Supremo sin consultar previamente con la Fiscalía

MARÍA TERESA MUÑOZ|MADRID

Al PSOE se le complica aún más el panorama de cara al 20N. Su portavoz, José Blanco, es noticia desde que saltara a la luz pública en mayo de 2011 la operación Campeón. Se trata de una trama de corrupción en la que varias empresas, siendo las cabecillas Nupel del sector farmacéutico y Proitec de gestión empresarial, percibían subvenciones ilegalmente del Instituto Galego de Promoción Económica (IGalPE).

Entre los 15 detenidos, figuraba Jorge Dorribo, propietario de Nupel y cabecilla de la trama,

quien acusó a José Blanco de pagar 200.000€ a un primo político suyo, Manuel Bran, para que actuara de intermediario en la concesión de las subvenciones. También, el propio Dorribo pagó a Blanco 400.000€ para que consiguiera favores por parte de Hacienda y Sanidad para su empresa. De esta manera, el diputado socialista está acusado de tráfico de influencias, un delito difícil de demostrar por ser volátil.


Agentes de la policía investigan la sede de Nupel

Ahora, la juez de Instrucción número 3 encargada de la investigación, Estela San José, ha decidido elevar al Tribunal Supremo el caso para que inicie el procedimiento correspondiente. Pero lo ha hecho sin tener en cuenta a la Fiscalía, es decir, normalmente, esta tiene que ser avisada, para después llevar el caso ante el Tribunal Supremo, y no se ha hecho así. Por otro lado, el Tribunal Supremo no puede ejecutar actuaciones que afecten a políticos en época de campaña electoral. Otro antecedente más de interés es que la jueza estaba a la espera de un informe pericial que arrojaría resultados sobre las actividades de las empresas implicadas, entre ellas la de Dorribo. Dicho informe podría demostrar si sus declaraciones son fiables.

El portavoz del Gobierno socialista ha pedido que se resuelva el caso cuanto antes, y ha querido personarse ante el Supremo para conocer con más detalle de qué se le acusa, porque la

investigación permanece bajo secreto de sumario. También ha defendido su inocencia calificando las acusaciones vertidas como una “pura falsedad”. Todo este entramado de declaraciones y de investigaciones se produce a un día del comienzo de la campaña electoral, y con una ventaja demasiado amplia para el PP en las próximas elecciones. Además, Blanco se presenta como candidato por la circunscripción de Lugo, por lo
que su partido se ve doblemente perjudicado, tanto de cara a España como de cara a Galicia.
José Blanco

También es importante recordar que no solo ha estado implicado en este turbio asunto un político, sino que también lo han estado un diputado autonómico del PP, Pablo Cobián (dimitió en cuanto se destapó la noticia); Francisco Cacharro, ex presidente popular de la Diputación de Lugo; y Fernando Blanco, ex diputado del BNG, entre otros. Al igual que hay que recordar que las supuestas subvenciones ilegales se entregaron en 2010, cuando el presidente de la Xunta era Alberto Núñez Feijoo, del Partido Popular. En este sentido, ni PP ni PSOE están en condiciones de hacer uso del tema de la corrupción como arma política. En estos momentos es necesario que se aclare lo antes posible esta trama para que los ciudadanos lucenses sepan si un candidato a gobernar su región es o no un corrupto.