Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, y ahora, en estos difíciles tiempos, opositora a secretaría judicial, Pilar Ramírez es una joven de 27 años que no pierde la esperanza. Lleva casi un año preparándose para competir con miles de personas de todos los puntos de España. Su objetivo es conseguir una plaza en el mundo de la justicia. Sabe que no es fácil, requiere perseverancia y una disciplina diaria, pero continúa porque su vocación es fuerte y porque cree en la justicia a pesar de ser un sistema que, al igual que la política, necesita recuperar la confianza de los ciudadanos
Pilar Ramírez
MARÍA TERESA MUÑOZ|MADRID
- Es una época muy difícil para cualquier estudiante que mira al futuro, casi sin esperanza, y más aún para los opositores, que solo tienen una oportunidad al año para conseguir todo o nada. ¿Cuál es el secreto para no perder la esperanza en estos tiempos?
Yo considero que es muy importante la vocación, creer en lo que estás haciendo y creer que el día de mañana tendrá su recompensa. Y sobre todo, que lo que estés estudiando te guste.
- ¿Cómo afronta la posibilidad de trabajar en un futuro en el sistema judicial español, caracterizado por estar sumido en una crisis de credibilidad y confianza?
La función de un juez es aplicar e interpretar la ley, tienes que atenerte al marco jurídico, ahora bien, cuando no aparece con toda la claridad, intentar hacer esa interpretación con un sentido de la justicia. Confío en que cambie el sistema judicial, en que realmente exista esa separación de poderes y no siga la interferencia del poder ejecutivo sobre el judicial, puesto que en el caso contrario, estaría el sistema corrupto.
- ¿En qué momento la justicia se ha tornado en una losa que parece pesar más sobre las víctimas que sobre los verdugos?
El sistema penal no tiene toda la efectividad que debería tener, es cierto que en ocasiones se puede llegar a creer eso. Por ello, considero que tiene que haber una reforma porque no se consigue esa resocialización con las penas que se le imponen al responsable de una infracción, no se consiguen esos fines de reinserción en la sociedad para no volver a delinquir. Considero que debe haber una mayor protección a la víctima. No sé si lo justo sería que las penas fueran más graves, o que las penas privativas de libertad fueran superiores para delitos muy graves. Yo creo que más vale prevenir que curar, hay que intentar educar y reeducar para que no se lleguen a producir esas infracciones. Ahí tienen un papel muy importante los agentes sociales como la familia, el colegio, los medios de comunicación…
- ¿Es el sistema injusto o lo son las personas?
El sistema no puede llegar a ser justo si no lo son las personas. El sistema lo forman los representantes políticos, y nosotros que los votamos. Si el sistema lo creamos nosotros y nosotros somos injustos, el sistema no puede llegar a ser justo. Considero que los ciudadanos tienen que estar comprometidos con la sociedad. Hay varios grupos parlamentarios, ellos son
los que nos representan, y representan el interés general. Existe una democracia y nosotros tenemos que elegir a aquellos que mejor representan ese interés general y que van a ser más justos con la sociedad. Para eso, lo principal es una sociedad comprometida que no piense en su interés personal sino en el interés general, y que no le sea indiferente una opción política u otra porque esa indiferencia es lo que hace que sea el sistema más o menos justo.
El Código Civil
- Casos como el de Marta del Castillo o Sandra Palo hacen replantearse la edad penal del menor ¿los adolescentes con menos de 18 años realmente son menores de edad?
Habría que atender a las circunstancias personales de cada caso concreto. Un menor con 17 años puede tener la madurez de uno de 20 o puede ocurrir lo contrario. En la ley hay que establecer una edad penal pero hay que completar eso con algo más como los informes formulados por psicólogos y psiquiatras que intenten estudiar las condiciones de madurez de esa persona.
- ¿Cree que sería más justo eliminar la reducción de las penas, o se debe priorizar la reinserción sobre el castigo?
Yo considero que la pena debe perseguir los dos fines, tanto el fin retributivo de la realización de justicia como el fin de reinserción social. Si una persona que cumple la pena no tiene un pronóstico favorable y volvería a delinquir, deberían adoptarse unas medidas de seguridad.
- En su opinión, ¿la cadena perpetua es sinónimo de justicia?
Considero que hay delitos muy graves y lo primero que se tiene que hacer es eliminar los beneficios penitenciarios para esos delitos muy graves, y en segundo lugar, no me cierro a un debate sobre la cadena perpetua. Una cadena perpetua revisable en el caso de que esa persona demostrase indicios de resocialización sí me parece acertado. En caso de que hubiera cometido un delito grave considero que sí debería tener una pena más grave.
- En España, robar doce corderos es más grave que robar varios millones de euros, ¿el poder es capaz de imponerse a la justicia?
Hay muchos delitos en el Código Penal en los que el bien jurídico protegido de mayor protección presenta una pena menor que otro bien jurídico de menor protección. Son incongruencias de nuestros políticos a la hora de legislar. El principio de igualdad en muchas ocasiones no se cumple como en el caso de “Los Albertos”, los autores están en libertad, o el de un hombre que no había cometido delitos de sangre y estaba cumpliendo íntegramente las penas. El artículo 14 de la Constitución establece que todos somos iguales, pero los delitos patrimoniales están ahí, hay casos en los que una persona ha cometido delitos más graves y está en libertad, y una persona que ha cometido un delito menor continúa en prisión. La ley está ahí, te dice qué pena le corresponde a cada delito, pero esta situación es fruto de la politización de los tribunales y de la incongruencia de nuestros políticos a la hora de legislar.
- Un juez pasa de ser sujeto a ser objeto. Baltasar Garzón, que se convirtió en un referente a seguir, está siendo investigado por tres casos: el de los crímenes del Franquismo, del que se le acusa de prevaricación (dictar una resolución contraria al derecho), la financiación de unos cursos en el extranjero con dinero del Banco Santander, y las escuchas ilegales a los presos de la trama Gürtel. ¿La justicia está al revés?
Ha de prevalecer la ley, sin embargo, pienso que el juez Garzón es uno de los que están politizados, él primaba la política a la ley y la aplicaba en un sentido o en otro dependiendo de quien fuera el beneficiario. Actuaba con un interés personal más que con un interés general. Un juez no puede pertenecer a ningún partido político, como en este caso. Tiene que cumplir una función jurisdiccional sin que tenga una vinculación política, porque sino estaríamos hablando de un sistema corrupto en el que no se es independiente ni imparcial.
- Querellas del PP contra el PSOE en el caso Faisán, querellas del PSOE contra el PP a propósito de la trama Gürtel, ¿cree que la justicia está siendo utilizada como arma de desprestigio político o por el contrario, estos políticos están haciendo un buen uso de ella al destapar intereses ocultos que debería conocer la ciudadanía?
Estos casos están a la luz y creo que debe ser así, tanto de un color político como de otro, y deben ser tratados como cualquier otro caso, aunque ya sabemos que la Constitución Española establece la necesidad de una autorización de las cámaras para juzgar a un político, y sin embargo, una persona que no pertenezca a la política comete la infracción delictiva y puede ser juzgado sin más. Estos casos deben salir a la luz, independientemente de la intención con la que lo hagan los que los sacan. Sobre todo, que las investigaciones sigan adelante, si se paralizaran sí estaríamos hablando de un interés político y de unos jueces politizados. Esta es la única manera que tenemos de conocer estos casos, es la ventaja de que exista una pluralidad de partidos.
- ¿La justicia hoy es política?
Los altos tribunales sí están politizados, un juzgado de primera instancia o de instrucción de un municipio o provincia no. El Fiscal General del Estado debería cambiar porque no puede ser nombrado por el gobierno, ya que la jerarquía que desciende de este cargo depende del mismo. De la misma manera, considero que se tendría que producir una reforma en el Tribunal Constitucional y que los componentes sean nombrados por los propios jueces, y no como está establecido, cuatro por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial. Deberían ser nombrados bien por méritos, jurisprudencia ejemplar, etc.
- ¿Hay algo o alguien que esté por encima de la ley?
La justicia no se aplica por igual a todos los iguales, el poder está a veces por encima de la ley.
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